El costo de carecer de una verdadera política pública de atención a los niños con discapacidad lo pagan los propios menores, sus padres, maestros y familia, porque hay situaciones muy dolorosas, pese al discurso de la inclusión educativa. No se trata sólo de evitar la exclusión, sino de garantizar condiciones de atención integral para lograr su aprendizaje y desarrollo personal
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